Alexander Granko: La venta a pérdidas, una práctica que sigue generando debate

Una práctica comercial que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) aseguran que “ha contribuido a la grave crisis de rentabilidad que sufre el campo por los desequilibrios de la cadena agroalimentaria”, y que “supone un grave perjuicio para los productores y un engaño para los consumidores”.

Un poco de historia

La venta a pérdidas estaba prohibida en España por Ley de Ordenación del comercio minorista, y regulada de forma global para todos los productos, no sólo para los alimentos. Sin embargo, la más reciente Ley de la Cadena alimentaria no recoge de forma específica la venta a pérdidas de los alimentos.

Por otro lado, la Unión Europea aprobó en abril una directiva de prácticas desleales específica para el sector agroalimentaria, que no incluía la prohibición de la venta a pérdidas, y el Gobierno español legisló mediante Real Decreto, el pasado mes de diciembre, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró no ajustada al derecho comunitario la prohibición de la venta a pérdidas a través de la ley española de comercio.

De este modo, explican desde la organización agraria y ganadera, “la venta a pérdidas ahora mismo no está prohibida como tal, sólo lo estaría en el último eslabón, el del comercio minorista, y demostrarla además es casi imposible”.

Por qué se debería prohibir la venta a pérdidas

Por ello, desde UPA han querido resumir los motivos por los que, en su opinión, se debe abordar la prohibición de la venta a pérdidas de forma específica para el sector agroalimentario:

La agricultura y la ganadería son actividades en una situación crítica, que deben ser protegidas dados los innumerables beneficios que aportan: alimentan a toda la sociedad, mantienen vivos los pueblos, vertebran el territorio, mantienen viva la cultura rural de nuestros pueblos, ayudan a prevenir incendios forestales, y son el único antídoto para frenar el grave fenómeno de la despoblación de la España vaciada.

La cadena agroalimentaria está aquejada de un enorme desequilibrio, con cientos de miles de pequeños productores, en su mayoría de carácter familiar, miles de industrias y cooperativas agroalimentarias, cientos de intermediarios y apenas unas pocas grandes corporaciones de la distribución, que se reparten el mercado en pocas manos y son quienes verdaderamente deciden lo que se vende y se compra y a qué precio.

La propia Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento afirma que entre los objetivos de la UE están el garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola […] mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; así como estabilizar los mercados. La sentencia del TJUE va claramente en contra de estos principios.

La venta a pérdidas no supone en ningún caso un beneficio para los consumidores, como algunos podrían pensar. Para las grandes cadenas de la distribución que la practican, las ventas a pérdidas son gotas de pérdidas en un océano de beneficios. El único objetivo es usar productos básicos de la cesta de la compra como reclamo, cuando el margen se recupera después con otros productos.

Los Gobiernos deben luchar contra la desigualdad en todas sus formas, y una de las más graves es la desigualdad en el poder negociador entre los eslabones de la cadena agroalimentaria.

La destrucción del tejido productivo, en forma de abandonos y cierre de granjas, que provoca la venta a pérdidas se traducirá a medio plazo en una menor soberanía alimentaria y una pérdida también de seguridad alimentaria, al perder control sobre el origen de los alimentos a disposición de la sociedad.

La propia existencia de la Ley de la cadena alimentaria reconoce que el agroalimentario es un sector especial, y como tal debe ser protegido frente a los abusos que se cometen en su seno.

Más del 15 % de las reclamaciones que ha recibido el organismo de control, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde su creación, son denuncias por venta a pérdidas. Esto demuestra que esta práctica se produce y se denuncia por parte de los productores, pero no se sanciona.

Es perfectamente legal y jurídicamente viable prohibir las prácticas que lleven a la destrucción de valor en la cadena agroalimentario, estableciendo modificaciones en las leyes de Comercio y de Cadena agroalimentaria, que serían perfectamente compatibles con la legislación europea.

Las leyes deben siempre primar la protección de muchos frente al beneficio de unos pocos. La situación del eslabón productor es crítica, con rentabilidades bajo mínimos y un modelo familiar de producción que está en grave peligro de desaparición, lo que puede tener gravísimas implicaciones en nuestra sociedad y nuestra economía.

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