Alexander Granko: Impulso internacional a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Su principal objetivo es prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR impidiendo que los buques que la practican utilicen puertos para desembarcar sus capturas, de modo que el Acuerdo reduce los incentivos para que estos buques continúen operando y, además, frena el flujo de productos pesqueros derivados de la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e internacionales.

Una destacada iniciativa, ya que la aplicación eficaz del Acuerdo contribuye, en última instancia, a la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas. Las disposiciones del AMERP se aplican a los buques de pesca que soliciten entrar en un puerto designado de un Estado que sea diferente de su Estado del pabellón.

La pesca ilegal, prioridad para España

Un Acuerdo (AMERP) del que hoy lunes ha tenido lugar el Acto de Alto Nivel previo a la tercera reunión de las partes, y en el que el ministro Luis Planas ha reiterado “el compromiso de España para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Es una prioridad de este Gobierno y defendemos la tolerancia cero frente a este problema”, añadiendo que “hay que abordar esta lacra desde un enfoque global e integrado, porque las connotaciones internacionales que tiene la pesca ilegal precisan soluciones conjuntas y un pacto firme de todos los países. Es necesario un marco jurídico sólido y riguroso y un sistema de inspección y control pesquero de primera línea”.

También se ha referido a los graves perjuicios medioambientales, económicos y sociales que genera la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ya que constituye una amenaza seria para los recursos y la biodiversidad marina, supone una competencia desleal con la inmensa mayoría de pescadores que desarrolla su actividad con responsabilidad y perjudica a las comunidades costeras que viven de la pesca. En el contexto de un mundo global, las actividades de pesca ilegal implican la participación de numerosos actores de distintos países que consiguen eludir los trámites administrativos y comercializar sus capturas, incluso en zonas muy alejadas. Y, por eso, es necesaria e imprescindible la cooperación internacional.

España, como miembro de la Unión Europea signataria del acuerdo, ha implementado todas las medidas de seguimiento, vigilancia y control que se aplica a los buques de pesca que soliciten entrar a un puerto de un Estado diferente al de su Estado del pabellón, contribuyendo al uso sostenible de los recursos marinos y a su conservación a largo plazo, además de contar con un sistema de procedimientos para la coordinación entre todas las administraciones públicas y, en la actualidad, tener habilitados un total de veintinueve puertos para prestar estos servicios a los buques de países terceros.

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