Y es que, según la organización agraria y ganadera, el año se ha caracterizado por un fuerte contraste entre los buenos datos macroeconómicos y la difícil realidad de miles de explotaciones familiares. Aunque la renta agraria presenta un crecimiento impulsado por el dinamismo de frutas y hortalizas, la agricultura y ganadería españolas continúan enfrentando problemas estructurales, sanitarios, comerciales y climáticos que comprometen su viabilidad.
En el campo de la agricultura, el balance recoge un crecimiento desigual y precios inestables. Los rendimientos agrícolas han sido buenos en la mayoría de cultivos, con excepciones relevantes en vino, cítricos y remolacha, mientras que sectores como olivar, cereales y apicultura sufrieron importantes caídas de precios en origen, dificultando la rentabilidad. Entre los problemas principales que se detectan como tendencia,
el incremento de la competencia exterior —especialmente de Marruecos—, un descenso del consumo de productos frescos, el fuerte impacto climático —pedriscos, danas, sequías—, la crisis estructural que afecta a la viticultura, con una de las cosechas más bajas del siglo, y los riesgos que amenazan a cultivos como frutos secos, tropicales y hortícolas, con potencial, pero muy dependientes del agua, las plagas y la volatilidad de mercados.
Para la ganadería, 2025 ha sido especialmente complicado por la extensión de enfermedades como lengua azul, Dermatosis Nodular, Influenza Aviar y, de forma crítica, la llegada de la Peste Porcina Africana a España en noviembre. Según el Balance, el porcino mantiene su fortaleza económica, pero continúa la desaparición de explotaciones familiares y el avance del modelo industrial. Ovino, caprino y apicultura sufren caídas de censos y producción, mientras que el vacuno de carne experimenta precios históricamente altos a causa de la falta de oferta. La leche —vaca, oveja y cabra— mantiene cierta estabilidad en precios, pero pierde ganaderos a un ritmo muy preocupante.
En cuanto a la política agraria y normativa, la propuesta europea de PAC y Marco Financiero 2028–2034 es ampliamente rechazada por sector, gobiernos y Parlamento por su insuficiencia presupuestaria y por el riesgo de fragmentación del mercado único.
En España, el Acuerdo de las 43 medidas sigue desplegando efectos positivos —cuaderno digital aplazado, simplificación del RD de nutrición de suelos— y la Ley de Agricultura Familiar, considerada estratégica para asegurar el modelo productivo, avanza lentamente y se espera para 2026.
Respecto al comercio internacional, los acuerdos UE–Mercosur y UE–Estados Unidos generan inquietud y rechazo por su falta de reciprocidad y por los riesgos de dumping social, ambiental y productivo. El acuerdo con EE. UU. se considera particularmente desequilibrado: la UE elimina aranceles industriales, mientras EE. UU. mantiene altas tasas para productos agroalimentarios europeos.
En aspectos tan preocupantes como la crisis climática y su relación con los seguros agrarios, 2025 ha sido el peor año de incendios en tres décadas, con 380.000 hectáreas quemadas. La DANA de octubre de 2024 confirmó la vulnerabilidad del sector y la importancia del seguro agrario, que funcionó adecuadamente en peritación y compensaciones. Aun así, UPA insiste en la necesidad urgente de reformar el sistema de seguros para distinguir entre daños ordinarios y extraordinarios vinculados al cambio climático.
Y finalmente, en relación al necesario —por inminente— relevo generacional, la Unión Europea marca como objetivo duplicar el número de jóvenes agricultores para 2040. El acceso a la tierra, financiación, formación y servicios rurales sigue siendo el principal obstáculo en España. La despoblación y la desaparición acelerada de explotaciones familiares agravan este reto estructural.
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