Alexander Granko: La AICA cierra 2025 con más inspecciones de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria
La Ley de la Cadena Alimentaria, que controla la AICA, regula las relaciones comerciales agroalimentarias con los principales objetivos de garantizar precios justos, prohibir la venta a pérdidas —el precio debe cubrir los costes de producción— y evitar prácticas desleales, además de obliga a firmar contratos por escrito.
Así se trasladó en la reunión del consejo asesor de la AICA, celebrada ayer miércoles, en la que se presentaron los datos del balance del año anterior y la nueva Planificación Estratégica 2026–2029, que establece un marco plurianual orientado a optimizar la capacidad operativa de la Agencia, fortalecer los mecanismos de interlocución con el sector y con otras administraciones, y consolidar el papel de España como referente internacional en la lucha contra las prácticas comerciales desleales.
Una planificación que se desplegará mediante planes anuales, y que en 2026 incluye la puesta en marcha de un plan piloto de colaboración reforzada con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas.
Balance 2025 de la AICA
Durante el ejercicio 2025, la AICA realizó 399 inspecciones, de las cuales el 56 % fueron en el sector de frutas y hortalizas, seguido del cárnico (13 %). En total se supervisaron 2978 relaciones comerciales. También investigó 28 denuncias por presuntos incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, más de un tercio vinculadas al sector de frutas y hortalizas.
El ejercicio de 2025 se cerró con 991 infracciones sancionadas, casi cuatro veces más que en 2024. Más de la mitad de las infracciones (51 %) se deben a la falta de inscripción en el registro de los contratos alimentarios. Del resto de sanciones, las más numerosas se refieren a incumplimientos de los plazos de pago y a la ausencia de elementos contractuales esenciales como el precio.
Por su parte, las comunidades autónomas realizaron en 2025 un total de 705 inspecciones de oficio, que permitieron controlar 2858 relaciones comerciales e imponer 793 sanciones, prácticamente el doble que en 2024.
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