Mañana, 27 de septiembre, es la fecha oficial de entrada en aplicación de la Directiva (UE) 2024/825, conocida como Directiva EmpCo, con la que la Unión Europea quiere hacer frente al greenwashing y poner fin a una situación en la que numerosos mensajes de sostenibilidad podían utilizarse sin una comprobación efectiva.
Objetivo, hacer frente al greenwashing
Además, la normativa refuerza la protección de los consumidores frente a alegaciones ambientales engañosas y limita el uso de distintivos o declaraciones que no cuenten con una base acreditable con medidas como mayores exigencias para las afirmaciones relacionadas con comportamientos medioambientales, o compromisos futuros de sostenibilidad, entre otras.
“Se trata de un avance relevante porque contribuye a incrementar la transparencia en el mercado y favorece una competencia basada en hechos demostrables”, explican desde Ecovalia, la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica, añadiendo que “la confianza de los consumidores debe sustentarse en sistemas de control rigurosos, información verificable y certificaciones reconocidas. La producción ecológica es el único sistema agroalimentario que garantiza su cumplimiento, contabilizando más de 60 000 empresas ecológicas certificadas en España”.
La nueva regulación obligará a respaldar con pruebas verificables aquellas alegaciones relacionadas con beneficios ambientales, sostenibilidad o futuras mejoras en el desempeño medioambiental de empresas y productos. Las afirmaciones sobre objetivos futuros deberán estar acompañadas de planes concretos, mecanismos de seguimiento y procedimientos de verificación independientes.
SÍNTESIS AUTOMÁTICA (IA)
La Directiva europea 2024/825 (EmpCo) entra en vigor para combatir de forma efectiva el greenwashing. A partir de ahora, la normativa exige que cualquier alegación ambiental o distintivo de sostenibilidad esté rigurosamente respaldado por evidencias verificables e independientes. Su principal objetivo es proteger a los consumidores frente a mensajes engañosos y garantizar la transparencia del mercado. Organizaciones como Ecovalia destacan que esta regulación promueve una competencia justa y refuerza la confianza en sistemas de control estrictos, beneficiando directamente a los sectores certificados.
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